EOIR-42B - Cancelación de Remoción

El estándar de dificultad es más alto y el foro es distinto. La cancelación de remoción la decide un juez de inmigración en la corte mientras la persona está en proceso activo de remoción, y exige "dificultad excepcional y extremadamente inusual," una prueba más estricta que el estándar de "dificultad extrema" que se usa para los perdones I-601 e I-601A presentados ante USCIS. La evaluación se redacta conforme a ese umbral elevado.

La persona evaluada es el familiar calificado, un hijo, cónyuge o padre ciudadano estadounidense o residente permanente legal de la persona en proceso, no la persona que enfrenta la remoción. El estándar depende de la dificultad que sufriría ese familiar, por lo que la evaluación se centra en la salud mental del familiar, su dependencia de la persona en proceso y las consecuencias de la remoción. La persona en proceso, que es quien comparece ante el juez de inmigración, no es el sujeto de la evaluación.

Es el estándar legal que aplica el juez, y es más alto que la dificultad extrema. La dificultad debe ir mucho más allá de lo que un familiar calificado enfrentaría normalmente cuando un miembro de la familia es removido. La evaluación no decide esa cuestión legal. Documenta detalles clínicos concretos y específicos (los diagnósticos del familiar, sus límites funcionales, sus necesidades de cuidado y su dependencia de la persona en proceso) para que la corte tenga evidencia clínica que sopesar frente a ese umbral exigente.

El evaluador construye el panorama de dificultad a partir de tres fuentes: el relato del propio familiar, la observación clínica directa y los resultados de pruebas estandarizadas. El informe relaciona detalles concretos (las necesidades médicas o de desarrollo de un hijo, las condiciones de salud de un cónyuge o padre, el cuidado que brinda la persona en proceso, las finanzas manejadas en conjunto) con el daño que el familiar enfrentaría si la persona en proceso es removida y la familia se separa, o si el familiar sale de los Estados Unidos para quedarse con ella.

Toda evaluación incluye el PHQ-9 para la depresión y el GAD-7 para la ansiedad. Cuando la historia lo amerita, el evaluador agrega el PCL-5 con el LEC-5 para el trauma, el PSS-14 para el estrés crónico, la carga del cuidador o la dificultad anticipada, y el WHODAS 2.0 para cuantificar el deterioro funcional en las áreas de la vida diaria. Los casos complejos pueden incluir medidas Beck, PAI o MMPI. Las impresiones diagnósticas siguen los criterios del DSM-5-TR.

Una evaluación estándar para la cancelación de remoción cuesta $750, con un plazo de 3 a 7 días hábiles. El servicio acelerado cuesta $1,050 en 48 horas, y el servicio de emergencia el mismo día cuesta $1,650. Los casos complejos, de RFE o suplementarios cuestan entre $750 y $1,250. El precio es fijo y publicado, y el cliente paga directamente a Kipu Terra por la evaluación. Las fechas de audiencia cambian; cuando una fecha en la corte está cerca, las opciones acelerada y de emergencia existen por esa razón.

Kipu Terra brinda únicamente la evaluación psicosocial. No prepara la solicitud EOIR-42B, el testimonio de la persona en proceso ni los argumentos legales para la audiencia; eso queda con el abogado. Las preguntas sobre elegibilidad, el requisito de presencia continua o la estrategia ante la corte son para el abogado que refiere el caso.